La necesaria ampliación de El Prat

La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat acordada esta semana entre el Gobierno, la Generalitat de Cataluña y Aena supone un empujón histórico para el que es el segundo aeropuerto de España y séptimo de Europa en número de pasajeros y que ha llegado al límite de su capacidad con 55 millones de s el año pasado. La inversión de 3.200 millones de euros implicará la modernización de las actuales terminales, la construcción de una nueva y la prolongación de la pista más cercana al mar —la que se utiliza para los despegues—, que se ha quedado corta para las aeronaves de mayor tamaño. El acuerdo, que en 2021 fue imposible con una Generalitat nacionalista, simboliza el nuevo clima de entendimiento entre Madrid y el Govern del socialista Salvador Illa. Es una buena noticia que apoya el crecimiento económico de Cataluña, que padece un déficit de inversión en infraestructuras, y descentraliza el sistema aeroportuario español.

La obra también supone un reto ambiental de primera magnitud. Además de ampliar el número de vuelos, y por lo tanto las emisiones, alargar la pista de despegue implica invadir parcialmente dos humedales protegidos por la Red Natura. Los desacuerdos en torno a este punto es lo que ha mantenido paralizado el proyecto durante cuatro años.

Cualquier nueva infraestructura de gran impacto pensada en un contexto de emergencia climática como el actual debe pormenorizar el balance de pros y contras. Esto es precisamente lo que tendrán que hacer ahora el Gobierno, la Generalitat y Aena para aterrizar los detalles del proyecto y adecuarlo a las restricciones del entorno. El examen del plan lo hará la Unión Europea, que debe decidir sobre los cambios en las limitaciones de las zonas protegidas. Aena ha prometido que se van a renaturalizar casi 300 hectáreas del entorno del aeropuerto para compensar la afectación de estas áreas de especial protección.

El hándicap para que la operación salga adelante es que Europa mantiene abierto un expediente sobre la anterior ampliación del aeropuerto, en 2002, porque no se han realizado todas las medidas compensatorias prometidas entonces. El visto bueno de la nueva ampliación se adivina pues farragoso mientras estas cuestiones pendientes no estén resueltas y no haya garantías de que los nuevos impactos serán corregidos. Técnicamente, estas compensaciones resultan perfectamente viables y solo requieren del compromiso político y de la consecuente inyección económica.

Para obtener la luz verde de Europa habrá que justificar muy bien que la obra es necesaria y que se sustenta sobre “razones de imperioso interés público de primer orden”. Es indudable que estas razones existen. El aeropuerto de la segunda ciudad de España es un foco de creación de riqueza. La ampliación de El Prat debe poder hacerse con las máximas garantías ambientales y sin que se vea amenazado el necesario crecimiento de la infraestructura.