El reto de la productividad

La economía española ha aprobado con buena nota el examen al que cada año la somete el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su crecimiento es el mayor entre las grandes economías avanzadas, gracias a la fortaleza de la exportación de servicios, especialmente el turismo, por el lado de la demanda, y al aumento del empleo, en parte debido a la inmigración, por el de la oferta. A eso se ha unido el impulso de los fondos europeos y la relajación de la política monetaria del BCE. Sin menospreciar los problemas que persisten, como la elevada tasa de paro, el débil crecimiento de la productividad y las dificultades de a la vivienda, la economía española va sustancialmente bien.

Los riesgos, sin embargo, siguen ahí. Aunque es mayor que el de los países de su entorno, el crecimiento se debilita debido a que sus motores pierden impulso. La incertidumbre introducida por la política comercial de EE UU nubla el horizonte. En principio, las exportaciones españolas están menos expuestas a los aranceles de Trump que las de los otros grandes países de la zona euro. Sin embargo, el riesgo de deterioro de las economías de sus principales socios pueden amplificar el impacto. De hecho, la OCDE, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España han rebajado en los últimos días sus previsiones de crecimiento. El organismo que dirige José Luis Escrivá estima que la economía crecerá este año un 2,4%, frente al 2,7% previsto y a dos décimas de la meta fijada por el Gobierno (2,6%). Además, alerta de la necesidad de acelerar la ejecución de los fondos europeos, de los que solo se han gastado 32.000 millones de los 80.000 concedidos hasta diciembre pasado. Algo parecido sucede en toda Europa.

El FMI señala también como riesgo la fragmentación política. Hasta ahora, la economía se ha disociado tanto del envenenado clima político como de la precariedad de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, que obliga a funcionar con presupuestos prorrogados. Aunque los decibelios de la bronca sean ensordecedores, al Fondo lo que le preocupa es que la fragmentación impida una respuesta rápida ante un hipotético choque externo, especialmente si afecta a la deuda soberana. Pero tampoco en eso España es una rareza. El déficit y la deuda públicos se han ido reduciendo, pero el nivel de endeudamiento, tras el doble salto de la crisis financiera y de la pandemia, sigue siendo muy elevado: del 101,8% en 2024. Por eso, el organismo recomienda aprovechar los niveles récord de recaudación fiscal para avanzar en la consolidación, especialmente teniendo en cuenta la presión a largo plazo que supone el gasto en pensiones y en sanidad, a la que se puede sumar la exigencia de más fondos para defensa.

El informe del FMI insiste sobre todo en la necesidad de políticas que aumenten la productividad, asignatura pendiente de la economía española y de la que depende en última instancia el nivel de vida, que no ha mejorado al mismo ritmo que las variables macroeconómicas. El Fondo recomienda impulsar la unidad del mercado interno de bienes y servicios, racionalizar los umbrales fiscales y normativos relacionados con el tamaño de las empresas y promover la excelencia en la educación superior. Ese es el recetario habitual del FMI. Quizá lo más acertado es ese mensaje de que cerrar la brecha de la productividad debería ser la prioridad. Paradójicamente, eso es lo que viene sucediendo, pero el acento de ese tipo de informes suele ponerse más en los riesgos que en las buenas noticias para evitar una complacencia que España definitivamente no se puede permitir.