La “nueva junta del narcotráfico”: qué se sabe de la red que Petro vincula al atentado contra Miguel Uribe

“Solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, es que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional”, ha dicho este martes Gustavo Petro, el presidente de Colombia, sobre el ataque contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay. “Los asesinos buscan que nos matemos entre nosotros, debilitar el Estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita. Dentro de la junta del narcotráfico con asiento en Dubái y Colombia, están las personas que yo mostré con nombre propio al país”. En los últimos meses, el mandatario ha denunciado un plan para asesinarlo, y siempre apunta hacia un mismo y desconocido actor: la “nueva junta del narcotráfico”. Se trata, en palabras del presidente colombiano, de una red criminal que dirige desde Emiratos Árabes Unidos los principales negocios ilegales de la cocaína en América Latina. Sin confirmaciones oficiales sobre su existencia, el presidente ha insistido en que se trata de capos que controlan el crimen en Colombia bajo las órdenes de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un esmeraldero que reside en el país árabe y es rival del fallecido zar Víctor Carranza.

La junta fue protagonista de la alocución presidencial del pasado 2 de junio, en la que reapareció Petro tras haberse eclipsado durante 48 horas, incluyendo una notoria ausencia de una cumbre de jefes de Estado de la que era anfitrión. Tras argumentar vía X que se había ocultado para cuidar su vida, volvió sobre la que ha descrito como una estructura multinacional integrada por españoles, albaneses, mexicanos, italianos, colombianos y un paraguayo, con redes en la política, la Fiscalía y la Policía en Colombia. Además, ha dicho que tiene tentáculos en otros países. “Asesinaron más de 185 candidatos electorales, en México, en el Ecuador, incluyendo un candidato presidencial, estamos ante una ofensiva por la toma del Estado en buena parte de Latinoamérica por la mafia”, escribió este martes.

En la reunión del Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, Petro aseguró que han intentado asesinarlo cuatro veces desde que llegó a la presidencia, el 7 de agosto de 2022. Ha hablado de la compra de misiles para derribar su avión, de un plan para explotar un camión cargado de dinamita y de la instalación de francotiradores cerca a la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Bogotá. También ha señalado a la junta de estar detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena de Indias, en 2022, y de los homicidios calcados en Bogotá de dos esmeralderos, Juan Sebastián Aguilar, Pedro Pechuga, y Hernando Sánchez.

En mayo, el diario El Tiempo aseguró que dos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, por orden presidencial, estaban coordinando un viaje a Emiratos Árabes para hablar con exnarcotraficantes y empresarios colombianos que residen allá, y así indagar sobre esa junta.

La Fiscalía ha dicho que no identifica a esa junta. “En los procesos investigativos que se adelantan en la Dirección Especializada contra el Narcotráfico no se ha obtenido ni recibido evidencia sobre la existencia de una autodenominada ‘Junta del Narcotráfico’ con sede en Oriente Medio, de sus integrantes o de una eventual injerencia en Colombia. En consecuencia, no hay investigaciones abiertas en ese contexto”, ha dicho en respuesta a una consulta de este diario.

Petro, sin embargo, insiste en que dispone de información de inteligencia que señala lo contrario. Una fuente cercana al Gobierno explica que esa información apunta a que en la junta se encuentran narcos de alto nivel como el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia y señalado por consolidar el Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización transnacional con incidencia en ese país, Paraguay, Bolivia y Brasil. Según el medio especializado Insight Crime, Marset encarna una nueva generación de narcos sudamericanos que operan con métodos sofisticados y redes transcontinentales, y se cree que está detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. En 2021, fue detenido en Dubái por tener un pasaporte falso, pero quedó en libertad.

En la información que ha llegado a oídos del presidente también aparece Dritan Gjika, un albanés que consolidó una red de tráfico de cocaína desde Ecuador y fue capturado el pasado 25 de mayo en Abu Dabi. El país vecino ha solicitado su extradición para que responda por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Es considerado uno de los principales articuladores de la expansión de las mafias albanesas en América Latina y de ser clave para convertir al puerto de Guayaquil en parte de la ruta de exportación de cocaína a Europa, en una operación que involucraba a socios colombianos, ecuatorianos y europeos.

Otro de los nombres que ha rondado por el despacho presidencial cuando se menciona a la nueva junta es el de Alejandro Salgado Vega, El Tigre. Se trata del presunto narcotraficante más buscado en España, de quien se dice que permanece escondido en Dubái. Según la Fiscalía Antidroga española, forma parte de una red que traficó grandes cantidades de cocaína ocultas en piñas entre 2020 y 2021.

El principal foco del Gobierno colombiano está puesto en Lozano, el esmeraldero que cumplió una condena de seis años en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, ha sido informante de la DEA y reside en Dubái. “Julio Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, está matando a los esmeralderos porque se quiere quedar con las esmeraldas. Por alguna razón cree que el presidente es su enemigo”, dijo Petro en el polémico Consejo de Ministros del 4 de febrero.

Lozano fue protagonista del caso de infiltración de dineros ilícitos en el Independiente Santa Fe, un tradicional equipo de fútbol bogotano, hace tres décadas. Una fiscal estadounidense determinó que Lozano, con varios socios, utilizó al club para lavar cerca de 1.500 millones de dólares. En Colombia ha sido vinculado a la financiación de un narcolaboratorio en una finca de la familia del exembajador Fernando Sanclemente, cerca a Bogotá. Otoniel, el máximo comandante del Clan del Golfo, lo señala en un audio interceptado por las autoridades de enviar cargamentos de cocaína y estar involucrado en el asesinato de su exsocio Luis Caicedo. En la única entrevista que concedió, Lozano negó a El Tiempo cualquier vínculo con el mundo criminal.

Más allá de esos datos de inteligencia, la información es escasa. En México no existen, al menos públicamente, indicios de una junta con capos de ese país, aunque Lozano Pirateque ha sido mencionado como posible testigo en el proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán.

La presencia de narcos de distintas nacionalidades en los Emiratos Árabes Unidos es un hecho. Lo que no se ha podido demostrar aún es que estos operen de manera coordinada, como una gran organización criminal global. Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group, explica que esa presencia de narcos es relativamente reciente, en los últimos cinco años, o menos. “Allá hay un mundo del crimen organizado de cuello blanco. Muchos financieros, inversionistas o personas tienen influencia y pueden organizar cargamentos, pero que no necesariamente hacen parte de una estructura única que les permita trabajar en conjunto”, señala.

Con ella coincide Petrit Baquero, historiador experto en narcotráfico y economía esmeraldera, quien asegura que las dinámicas propias de las economías ilegales hacen difícil pensar que los capos actúen en bloque. “El narcotráfico está en permanente cambio y transformación. Muchas de esas redes se establecen para concretar un solo negocio. Luego desaparecen. Un día un narco puede hacer negocios con el ELN, otro día con las disidencias de las FARC, otro día con el Clan del Golfo, otro con un narco independiente”.

Según Baquero, “Colombia está lleno de narcos extranjeros, que no necesitan a colombianos para que entreguen las rutas, pues tienen las suyas propias”. A su juicio, la referencia de Petro evoca a la “junta directiva del narcotráfico”, un término acuñado hacia 2010 por agencias antidrogas internacionales y la Fiscalía colombiana para describir la reconfiguración de los carteles tras la caída de los grandes capos de los años noventa. En ese momento, figuras de segundo nivel como Lozano Pirateque ocuparon el vacío. “Como vuelve a estar en el radar, le ponen la etiqueta de ‘nueva junta’, en referencia a un fenómeno que el país ya vivió”, explica. Sin embargo, nunca se comprobó que se tratara de una organización unificada. Hasta el momento, tampoco.