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Cae un grupo en Murcia que vendía a armas a narcos para defender las plantaciones de marihuana

La red conseguía versiones civiles de fusiles de asalto por precios que podían rondar los 8.000 euros

Parte de las armas intervenidas a un grupo investigado en Murcia por suministrarlas a narcotraficantes para proteger plantaciones de marihuana.
Juana Viúdez

A nadie le interesa robar una plantación de marihuana, hasta que llega el momento de la cosecha o de trasladar las bolsas con los cogollos. El crecimiento de estas plantaciones en España, perseguidas por la ley, y la necesidad de protegerlas, ha abierto un mercado que una organización criminal de Murcia estaba dispuesta a atender. El grupo, desarticulado por la Guardia Civil a mediados de mayo, se encargaba de proporcionar armas para esos momentos de máxima tensión, en los que los narcotraficantes se juegan todo el esfuerzo y los medios económicos dedicados, y se exponen a sufrir un vuelco, los famosos robos entre organizaciones de delincuentes. Sus líderes, pertenecientes a la misma familia, están investigados por revender versiones civiles de fusiles de asalto militares, rifles y escopetas policiales a otras organizaciones, según ha informado este jueves la Guardia Civil. Los precios a los que se comercializan en el mercado negro eran cuatro o cinco veces superiores. Si una de esas armas oscilaba entre los 900 y los 1.600 euros, podían ganar hasta 8.000 euros, explican fuentes conocedoras de la investigación.

Hay 18 personas detenidas y seis imputadas con edades entre los 22 y 55 años. El juzgado de Instrucción número 3 de Molina del Segura (Murcia) les investiga por media docena de delitos, entre ellos integración en organización criminal, tráfico de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública, blanqueo o extorsión. Todos quedaron en libertad tras su puesta a disposición judicial.

La operación Resolute, realizada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil, lleva el nombre de un modelo de rifle caza semiautomático. Estas armas cumplen perfectamente la función de imponer, en el caso de hacer una custodia de droga. Tienen una apariencia “muy similar” a las de guerra y no es fácil distinguirlas externamente, explican las mismas fuentes. Se diferencia en que disparan tiro a tiro, mientras que las bélicas tienen fuego automático, es decir, en forma de ráfagas.

La investigación comenzó hace menos de un año, en septiembre de 2024, cuando los agentes detectaron “indicios de riesgo” en la compra de una de estas armas. El grupo criminal utilizaba a terceras personas que tenían que tener permiso de caza para adquirirlas. Estos testaferros, que solían tener necesidades económicas, prestaban su nombre a cambio de una cantidad de dinero o de la condonación de una deuda. “Ha habido casos en los que incluso se han sacado el permiso con el objetivo de conseguirlas”, explican las fuentes conocedoras de la investigación. Después, estos testaferros denunciaban falsamente que se las habían sustraído o las habían perdido. Las armas que no venían del circuito legal procedían del conflicto de los Balcanes o eran armas inutilizadas para coleccionismo y que se habían vuelto a poner en funcionamiento.

Una banda asociada

El grupo también está investigado por mantener relaciones comerciales con otra banda también dedicaba al tráfico de armas, desarticulada el pasado febrero en otra operación. Según las pesquisas de los agentes de Información de la Guardia Civil, se hacían consultas sobre los pedidos que les realizaban o la disponibilidad de determinados modelos. La organización con la que colaboraban, desmantelada en Granada, tenía una galería de tiro subterránea para probar las armas.

“Ambas organizaciones se abastecían mutuamente para satisfacer las necesidades de sus clientes, en su mayoría, otras organizaciones dedicadas al narcotráfico”, ha informado la Guardia Civil este jueves. “Entre las armas que suministraban había fusiles de asalto AK47, escopetas y rifles tácticos a pistolas de última generación”, han añadido.

Aunque la organización se dirigía desde el municipio murciano de Alguazas (10.204 habitantes), contaban con ramificaciones en otras provincias. Algunos de los máximos responsables, padre e hijo, ya fueron detenidos en 2017 por tráfico de drogas y armas. Otro de los investigados tiene antecedentes por una tentativa de homicidio con arma de fuego.

La organización de Murcia no solo traficaba con armas, también está investigada por cultivar y distribuir al por mayor los cargamentos de marihuana de otros grupos. Controlaba varias plantaciones interiores de esta droga y seguía los trabajos de capataces, jornaleros o electricistas a través de cámaras wifi. La Guardia Civil ha identificado y desmantelado cinco de estos huertos interiores de marihuana y ha intervenido las armas ilegales que usaban para protegerlas.

Préstamos con usura

La gran cantidad de dinero en efectivo que manejaban hacía que también se dedicaran a conceder préstamos en condiciones de usura, señalan las fuentes consultadas. Si un día prestaban 500 euros, tenían que devolver al día siguiente 1.000 euros. Esas exigencias hacían que terminaran consiguiendo bienes como inmuebles, coches o embarcaciones para saldar las deudas que adquirían quienes acudían al grupo en busca de un préstamo. En uno de los registros se intervinieron más de 170.000 euros en metálico.

El grupo también trataba de ocultar y blanquear sus ingresos con la compra de propiedades y vehículos de lujo a nombre de terceras personas y empresas pantalla. En los registros policiales, que se hicieron de forma simultánea en Murcia, Alicante y Cádiz, se han intervenido 11 armas de fuego (incluidos un fusil de asalto y un subfusil), 897 cartuchos metálicos de diferentes calibres (249 de ellos de guerra), un silenciador y numerosos cargadores de armas, además de 1.733 plantas de marihuana, 4,1 kilos de esta misma droga o cinco vehículos de lujo.

Desde 2019, el volumen de cannabis herbáceo incautado ha aumentado significativamente en España. En 2023, España representó el 68% de toda la resina incautada en la Unión Europea, el 30 % de todo el cannabis herbáceo incautado y el 73 % del número total de plantas, según ha recogido el último informe europeo sobre drogas, hecho público a comienzos de junio. “Estos datos subrayan el importante papel que desempeña España como país de tránsito para el tráfico de cannabis y como zona de producción”, subraya el estudio, elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA por sus siglas en inglés).

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Sobre la firma

Juana Viúdez
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
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