La justicia chilena revela una trama de horror de robo de bebés y adopciones ilegales 42 años después de las denuncias

En 1983, la prensa chilena revelaba un escándalo mayor: Ivonne Gutiérrez Pávez, jueza del tribunal de menores de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago, era investigada por robo y venta de bebés, entregados a matrimonios extranjeros. En esa red también participaban dos abogados, ya fallecidos, y uno de ellos, Alberto Bronfman, pareja de la magistrada. Los pequeños eran arrebatados a sus jóvenes madres, algunas de 16 y 17 años, solteras, pobres, sin redes, en vulnerabilidad. Hubo mujeres que firmaron papeles judiciales sin conocer su contenido, y cuando reclamaban a sus niños, se les amenazaba con que irían a la cárcel, amedrentamientos comunes en el Chile de esa época, bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Otras, como Ruth Reyes, nunca firmaron un documento aceptando entregar a su hijo a otros padres.

Durante 42 años la indagatoria contra Gutiérrez, quien huyó a Israel en 1983 en medio del escándalo junto Bronfman y sus dos hijos adoptivos, durmió en los archivos judiciales. Eso, hasta que el juez Alejandro Aguilar, a cargo de las más de 1.300 adopciones fraudulentas que han sido judicializadas, ocurridas entre 1970 y 1990, este 2 de junio marcó un hito al dictar los primeros procesamientos por dos casos. La exjueza, hoy de 85 años, y otras cuatro personas, fueron imputadas por dos casos. Uno es por Andrea, a quien su madre, a gritos, logró quitársela a la organización cuando la niña tenía dos años. El segundo es por la sustracción de Alex, el hijo de poco más de un año de Ruth Reyes, enviado a Estados Unidos: no lo ha visto desde entonces. “Todos los días pienso en él. Lo imagino caminando, chiquitito, gordito, morenito”, dice Ruth a EL PAÍS desde San Fernando.

La resolución abrió la esperanza para miles de madres e hijos que se buscan hace más de cuatro décadas: algunos han logrado reencontrarse, pero los responsables de sus separaciones no han sido alcanzados por la justicia. Todavía.

En 2017, en Chile se abrió la investigación por robo de bebés. Mario Carroza fue el primero de los tres jueces que han indagado el periodo, que es previo a la dictadura: entre la década de 1970 y 1990. Carroza, hoy en la Corte Suprema, estimó que los casos de niños que salieron al exterior podrían llegar a los 20.000. Actualmente, de las 1.328 causas judicializadas, 595 están en tramitación. Solo en San Fernando se calcula que hay unas 50.

Ruth tenía 16 años en 1983 y Alex era su segundo hijo. “Yo estaba sola, no tenía apoyo”, recuerda. De pronto, surgió lo que consideró, en la desesperación, una ayuda temporal, y entregó a su pequeño a una mujer en San Fernando, que le aseguró que lo cuidaría mientras su situación mejorara. Nunca fue al tribunal ni firmó documentos, ha declarado, pero su hijo fue sacado de Chile. “Me enteré que había sido vendido. Se me vino todo el mundo encima. Por eso hasta hoy sigo luchando para saber cómo está. Por último, saber que está bien. Él tiene 44 años, y si Dios me lleva antes, quiero que mis otros cuatro hijos sigan adelante con la búsqueda”, dice a este periódico. Su causa es la primera que se denunció —la representa desde 1983 el abogado Sergio González Pino— y ha esperado más cuatro décadas para los procesamientos. “Sentí alegría. Yo no tengo nada que esconder. Y ojalá que salgan más mamitas a la luz”, dice.

Pagos de hasta 50.000 dólares

Las adopciones ilegales en Chile han tenido distintos modus operandi. Hay casos en que a las madres les mintieron en los hospitales después de sus partos: les dijeron que sus hijos murieron al nacer. En San Fernando, el mecanismo fue otro: las madres eran empujadas a entregar a sus hijos en custodia temporal y luego, a sus espaldas, la medida se convertía en definitiva y en adopción irregular.

San Fernando tiene la particularidad que la red era liderada por una jueza junto a abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales y funcionarios de centros de salud, dice el procesamiento. Aguilar ha señalado que las parejas, de Estados Unidos e Italia, adoptaron previo pago de dineros que “podrían llegar hasta los 50.000 dólares”.

Una exfuncionaria testificó que en el juzgado —que hoy es una casona abandonada en San Fernando—, existía una declaración en “un formato tipo”, muy breve, que señalaba que “las madres venían a entregar a sus hijos porque no eran capaz de mantenerlos por su situación económica”. Y agregó que los papeles eran firmados primero por “la jueza y luego por las madres” y que “no se permitía leerle la protección de renuncia a las madres”.

Otro testigo agregó: “Cuando los expedientes estaban en tramitación, al repartir el despacho [de las declaraciones] apreciaba que la jueza había intercalado manuscritos colocando de su puño y letra que la madre señala que renuncia a sus derechos como madre biológica y ella firmaba en calidad de jueza esos documentos”.

También, testimonios dan cuenta que hubo niños que fueron arrebatados a sus madres en el tribunal y luego llevados hasta el Hogar de Quinta de Tilcoco, istrado por el cura italiano Alceste Piergiovanni, quien fue visto varias veces en el juzgado. “Era terrible ver cómo lloraban los niños. (...) Luego esas mismas madres llegaban al tribunal a preguntar por sus hijos, pero ellos no estaban en Chile”, señala una declaración judicial.

Del procesamiento se desprende que la organización de San Fernando actuó aprovechando el contexto de la dictadura, una situación distinta a la ocurrida en Argentina, donde los militares se apropiaron de cientos de niños, hijos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este caso, muchas madres, testigos y funcionarios judiciales tuvieron temor de denunciar por el clima que vivía el país y porque la jueza era una autoridad en la ciudad. Pero hubo uno que abrió la puerta en 1983, y pavimentó el camino para lo que ocurriría 42 años después.

Furgones y “clínicas de engorda”

Ivonne Gutiérrez, quien en Israel se llama Ivonne Bronfman, asumió como jueza titular en San Fernando en 1981. Fue denunciada en abril de 1983 por el secretario del tribunal: un testigo señaló que el abogado descubrió un sobre que venía desde Estados Unidos en el que halló un cheque.

Hace 42 años, la jueza fue indagada por un ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua y el abogado de Ruth Reyes presentó una querella, destinada a quitarle el fuero que tenía por su cargo. Acorralada, Gutiérrez se fue a Israel, donde vive, por lo que se pidió su extradición: ha sido procesada por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa.

La última vez que Gutiérrez estuvo en Chile fue en junio de 2019, pues registra una salida desde el aeropuerto de Santiago rumbo a Israel.

Quien la trasladó al aeropuerto de Santiago junto a su pareja fue Ismael Espinoza, su chofer y guardaespaldas. En la red, el hombre también llevó a varios bebés desde la oficina que Bronfman tenía en un edificio en San Antonio 385, en el centro de Santiago, hacia el Registro Civil, ubicado cerca del Palacio de La Moneda: allí se tramitaron en forma express los documentos para sacar a los niños del país. Hoy es uno cuatro procesados, junto Carlos Vega, Laura Silva y Sylvia Vilches. Salvo la exjueza, todos están en prisión preventiva.

Aguilar ha reconstruido cómo operó la organización, que usaba de tres a cuatro furgones blancos con los que recorrían sectores vulnerables de San Fernando buscando niños. Cuando convencían a las madres para que los entregaran en una custodia temporal, los llevaban a varias casas que tenían en Santiago y una en San Fernando.

Diversas declaraciones dan cuenta que los hombres que conducían los furgones ofrecían una caja de mercadería a las madres, en el contexto de gran pobreza de los lugares que recorrían: un paquete de tallarines, sal, un tarro de leche y harina envasada. “Esta era la forma de intercambio de estos bebés”, dice el procesamiento.

Esos hombres, descritos en el expediente como jóvenes y vestidos de traje, además oficiaban de guardespaldas y rodeaban el juzgado de menores para evitar que las madres llegaran a reclamar a sus hijos.

Un testigo entregó más detalles sobre la red: “Tenía una forma de operar con furgones japoneses [que] recorrían poblaciones buscando menores en casas con piso de tierra y los funcionarios de esa organización hablaban con las madres diciéndoles que vía tribunal ingresarían una protección para el cuidado de los niños, como algo temporal, por lo que esas madres después buscaban a sus hijos”. Y agregó que las madres le contaron que “ellas estaban con sus hijos en la casa lavando” y que el equipo de furgones se los quitaba. Luego, las citaban al tribunal, “siempre bajo amenaza de irse detenidas”.

La resolución describe que el grupo tenía además “clínicas de engorda”. Y que en el piso de arriba de la oficina de Bronfman funcionaba una guardería. De hecho, el certificado que emitió el Registro Civil de la época indica como domicilio de Alex, el hijo de Ruth Reyes, San Antonio 385, donde se ubicaba el despacho de la pareja de la jueza. “Los matrimonios extranjeros subían al departamento/guardería a visitar a los niños. Recuerdo que los bebés estaban limpiecitos, gorditos y sanitos. Creo que los matrimonios los elegían. También sé que les hacían una ficha o diario de vida a los niños, ya que no podían viajar las guaguas [bebés] enfermas con los gringos [extranjeros]”, señaló un testigo.

El procesamiento de Aguilar, quien es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, es el primer paso en el caso del robo de bebés. El juez ha dicho en su resolución que son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.