Chile al tres y al cuatro

A inicios del presente siglo, y tras una década de crecimientos del PIB excepcionales en que las expansiones de la actividad sumaban rachas de varios años a tasas del 7% u 8% y en que en algunos lapsos se anotaron crecimientos de dos dígitos, ocurrió que por un par de años la economía se expandió solo a niveles de 3% y 4% sin que mediara una crisis de calado. Entonces, en algunos círculos, especialmente entre quienes calificaban al país como el 'jaguar’ de Latinoamérica, se encendieron las luces de alerta y hasta se llegó a insinuar que el país corría el riesgo de empantanarse en el terreno de los desempeños mediocres. Es decir, pasar a ser un país ‘al tres y al cuatro’, en referencia a la escala de notas académicas donde esas calificaciones equivalen a reprobado.

Un cuarto de siglo después, crecer al tres y al cuatro es un anhelo, el rasero que puede separar la senda éxito de la del fracaso. Al menos ese es el número objetivo que en forma cada vez más nítida se están trazando los equipos económicos de varios aspirantes a ganar las elecciones de fin de año.

Expansiones de la economía al tres y al cuatro son hoy, sin embargo, una meta ambiciosa que supondría duplicar los pasmados crecimientos de los últimos diez años, algo muy difícil o casi imposible de lograr sin atreverse a hacer cambios profundos a la seguidilla de reformas realizadas a lo largo de la última década y correcciones a la acumulación de ajustes institucionales, regulatorios y de políticas a una escala menor, pero que gota a gota han terminado configurando una nueva realidad, en donde invertir y emprender son el equivalente a hacer un largo viaje plagado de obstáculos y con lastres en los hombros.

Hoy, afortunadamente, el crecimiento es una bandera que enarbolan prácticamente todos los sectores, y el rango del 3% al 4% (ese que era mal visto a inicios de los 2000) es una meta que el sentido de realidad permite imponerse como alcanzable.

En ese contexto, y en la parte alta de la lista de políticas que deberían considerarse para producir un real cambio en el rumbo de la economía, hay tres dimensiones que prometen tener un peso relevante. Se trata del sistema tributario, la maraña burocrática y el ‘impuesto’ que representan los actuales niveles de delincuencia.

En efecto, tras el fracaso de la reforma tributaria de la actual istración, la dimensión impositiva ya pasó a tener de facto un rol protagónico en el debate de las propuestas de quienes están menor posicionados en la carrera presidencial. Bajar el impuesto a las empresas (la candidatura de Evelyn Matthei habla de llevar del 27% al 23% y de ahí al 18% el impuesto corporativo), reintegrar el sistema tributario (como lo han recomendado economistas de distinto signo, entre ellos Óscar Landerretche, Andrea Butelmann, Ignacio Briones, Raphael Bergoeing) y dar certeza tributaria a las inversiones son algunas de las ideas que más se repiten, entre otras, y que muy probablemente quedarán estampadas con letras de molde en más de un programa de gobierno.

Emprender acciones decisivas contra la llamada permisología, denominación que se da en Chile a la maraña de trámites y trabas que hacen que una inversión pueda tardar años en materializarse (si es que llega a hacerlo), es también un terreno donde también ya se ve a los candidatos subir las apuestas. Esto, tanto porque hasta ahora no se han hecho mejoras concretas en este campo, como porque hay diversos estudios que señalan que reducir el costo anual de la permisología (que se estima asciende a 2.200 millones de dólares al año) podría brindar un ‘bono’ base para el crecimiento de cerca de 0,7% del PIB al año.

Por último, el tercer plano que se perfila como uno de impostergable intervención a la luz de la esgrima electoral es el de la seguridad pública. Un reciente estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC) cifra en 8.200 millones de dólares el costo anual de la delincuencia en Chile, es decir unos 2,6 puntos del PIB, lo que de paso atenta contra la capacidad del Estado de abordar prioridades sociales urgentes, ya que ese costo es equivalente a casi 10 puntos del presupuesto anual del Gobierno Central.