El alza de tráfico del jaguar en Bolivia obliga a reclasificarlo como “en peligro”

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Bolivia se ha convertido en la meca de la caza ilegal y tráfico del jaguar. Aunque ha sido codiciado desde la colonia, la globalización y el desarrollo del transporte han aumentado su demanda de forma significativa en la última década. El país sudamericano está en el ojo del huracán, con la tasa anual más alta del mundo de jaguares abatidos por actividades ilícitas, que alcanza un promedio de 61 ejemplares, y con 30 cadáveres del animal decomisados cada año, según un informe de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de 2021. Los casos mediáticos de una red china que comercializó colmillos entre 2013 y 2018, y de una empresa de safari argentina que presuntamente mató dos ejemplares en 2024, han movilizado a la opinión pública. Como resultado, el jaguar pasará de la categoría de “vulnerable” a “en peligro” en la próxima edición del Libro Rojo, según fuentes cercanas a los elaboradores del documento.

“El jaguar se ha convertido en el nuevo objetivo del mercado negro, principalmente porque en Asia está creciendo el interés por sus colmillos, huesos y pieles, asociados a símbolos de estatus, poder o supuestas propiedades medicinales", señala Lisa Corti, activista e integrante del colectivo El Llanto del Jaguar. Ella fue una de las impulsoras de la orden emitida el pasado 23 de abril por el Tribunal Agroambiental, que instruyó a diversas instituciones y entidades, la aplicación de 12 medidas para proteger al jaguar, su entorno y a sus defensores. Entre estas disposiciones se incluye la publicación, en un plazo de seis meses, de la nueva versión del Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia, que endurecerá la nueva categoría de amenaza del felino. Este texto, elaborado por decenas de especialistas bajo la dirección del Ministerio de Agua y Medioambiente, registra la flora y fauna amenazada del país.

“La última edición del Libro Rojo data de 2009, cuando el jaguar fue clasificado como ‘vulnerable’“, explica Mariana da Silva, coordinadora de la lucha contra el comercio ilegal de fauna silvestre en la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre – Bolivia (WCS, por sus siglas en inglés). “Desde entonces, han pasado muchos años y las amenazas han aumentado, como la destrucción acelerada de su hábitat, particularmente por los incendios forestales recientes, y la aparición del comercio internacional de colmillos”. El cambio de categoría no es solo simbólico, sino que conlleva obligaciones legales para el Estado, como asignar recursos, establecer zonas protegidas y reforzar el control en zonas fronterizas.

Además del interés asiático por los dientes del Panthera onca —una pareja china fue detenida en 2018 en la Amazonia boliviana con 185 colmillos—, el mayor felino del continente se ha convertido en un trofeo codiciado por cazadores. Al menos 347 jaguares fueron cazados ilegalmente en Bolivia en un período de cuatro años, según CITES. Su imponente porte, de hasta dos metros de largo y 135 kilos de peso, motiva a empresas ilegales a pagar hasta 11.000 dólares por ejemplar. Así ocurrió con el caso de la empresa argentina Caza & Safaris, denunciada en febrero de este año. Aunque se presentaba como legal, ofrecía animales protegidos a clientes de Estados Unidos y Europa, operando en Brasil, Bolivia y Argentina.

Su propietario, Néstor Noya, cumple arresto domiciliario en Argentina, tras un allanamiento donde la Policía incautó casi 8.000 partes de animales y 44 armas de fuego. Una de las disposiciones del reciente fallo del Tribunal Agroambiental exhorta al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia a solicitar su extradición, ya que Noya habría realizado 30 incursiones ilegales en Bolivia en busca de jaguares desde 1980. “Ya fue imputado y es probable que en las próximas semanas se lo acuse formalmente y se exija su presencia en territorio boliviano”, indica el abogado Rodrigo Herrera, quien lleva el caso. Noya enfrenta cargos por biocidio y por destrucción del patrimonio natural, delitos que podrían significarle hasta seis años de prisión.

Vínculo con el narco

Al tratarse de un crimen transfronterizo, la comercialización del jaguar está vinculada a otras economías ilícitas, como el narcotráfico y el lavado de dinero, según WCS-Bolivia. “Las mismas rutas, redes, infraestructura y logística que utilizan organizaciones criminales para traficar narcóticos, armas o personas, también se emplean para el comercio ilegal de fauna silvestre”, detalla da Silva. “Esto convierte al tráfico de especies en el cuarto delito más lucrativo del mundo y en una actividad que complementa otras estructuras delictivas más amplias y consolidadas”.

Corti añade que la expansión de actividades extractivas ilegales, como la minería clandestina o los laboratorios de cocaína, también desplazan al jaguar de su hábitat natural.

Los defensores del medio ambiente y de colectivos se sienten expuestos, por lo que otra de las disposiciones del Tribunal ordena protegerlos a ellos y a sus familias. Ya vencido el plazo de diez días otorgado a la Policía, Ministerio Público y otras entidades, los activistas pueden acudir a estas instancias para solicitar resguardo policial o asistencia legal. Ser incluidos en las medidas cautelares era una urgencia para Corti: “En Bolivia, los defensores ambientales no contamos con ninguna protección estatal. Al contrario, muchas veces somos estigmatizados por el propio Gobierno, que nos acusa de desinformar o de oponernos al ‘desarrollo’. Nos enfrentamos a mafias con poder económico y político”, denuncia.

De igual manera, el fallo del Tribunal ha dispuesto pausas ecológicas a quemas y chaqueos, así como la suspensión de todos los permisos de incendios emitidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Solo en 2024, más de 10 millones de hectáreas de bosque y selva fueron afectadas por el fuego en Bolivia, estiman los datos de la organización Tierra Foundation. Esto reduce drásticamente el espacio vital del jaguar y dificulta el a sus presas, lo que los obliga a acercarse a zonas habitadas, donde muchas veces son ejecutados por actores agroindustriales.

Entre las 12 medidas cautelares también se incluye la creación de un fondo nacional para la conservación del Panthera onca, destinado a fortalecer las capacidades, equipamiento y tecnología de los guardaparques y la Policía Forestal. Asimismo, se plantea reforzar los contenidos escolares en torno a la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación.

El fallo ha sido considerado por los defensores del jaguar como una victoria sin precedentes a nivel internacional. Es otro paso con el que la comunidad global intenta frenar la amenaza sobre una especie cuya área de distribución se ha reducido en casi un 50% en el último siglo.

Para enfrentar su extinción, se han promovido acuerdos como la CITES, de la cual son parte 184 países y que prohibió en 1975 el comercio de felinos manchados. El avance más reciente es la Hoja de Ruta Jaguar 2030 para las Américas, diseñada en 2018, que involucra a 18 naciones en el fortalecimiento del llamado Corredor del Jaguar, una red de hábitats conectados que permite su libre desplazamiento y reproducción desde México hasta el norte de Argentina.