Gobernabilidad, o la falta de

Gobernabilidad es uno de esos terminachos abstractos, que suenan vacíos. Pero la escasa “capacidad de gobernar” se vuelve evidente a la luz del vil atentado contra Miguel Uribe Turbay y la oleada terrorista en Cauca y Valle del Cauca. Los dos hechos no necesariamente están relacionados, pero apuntan a un descenso hacia el desorden y la ineficacia estatal.

El Gobierno debía reaccionar mejorando su gobernabilidad. Uniendo lo que debe unir, y liderando sus aparatos de inteligencia y seguridad para contrarrestar las causas de caos. Sorprende que la respuesta es plantear una asamblea constituyente. Suena como pensar en el tocino para resolver un problema de velocidad. ¿Qué tiene que ver una asamblea constituyente con la actual crisis de gobernabilidad?

La crisis es inmediata, y, en cambio, una eventual constituyente ocurriría en el siguiente Gobierno. Por eso debemos mirar de frente los problemas concretos que enfrentarnos, y no dejarnos distraer de Petro y sus globos mentales, que buscan ponernos a hablar del sexo de los ángeles, mientras la casa está ardiendo.

Si el presidente se empeña en conseguir firmas para la ruta descabellada de una constituyente, debemos plantarle cara, y conseguir más firmas que él, muchas más, para defender la Constitución de 1991.

Los actores de caos nos tratan de devolver a un pasado que los colombianos creíamos superado. En los años noventa muchos candidatos presidenciales fueron asesinados por las oscuras fuerzas del narcotráfico y el paramilitarismo. Posteriormente, durante el gobierno de Samper, Álvaro Gómez, excandidato y figura prominente de la oposición, fue asesinado. Treinta años después, los autores intelectuales y materiales de este hecho no han sido identificados.

Las oleadas de terror y asesinatos de líderes que han plagado a algunos períodos de la historia colombiana dificultan precisar la cadena de causa y efecto. Los inspiradores del intento de asesinato contra Miguel Uribe, probablemente buscan generar la desorientación, desconfianza e impotencia que sentimos ahora.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos acontecimientos? El presidente Petro pierde parte de su ya precaria gobernabilidad, ante la evidencia de que los servicios de inteligencia, la policía y los servicios de seguridad no pueden proteger eficazmente a los candidatos. Cuesta entender que el Gobierno no dé seguridad y certeza a personas que planean viajar por todo el país para hablar de su visión del futuro. Justo esta semana le quitaron el esquema de seguridad al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Eso socava la eficacia del presidente y su capacidad para garantizar las elecciones de 2026.

Los autores del atentado a Miguel Uribe, presumo, están siguiendo el libreto de Pablo Escobar, a finales de los ochenta, con los asesinatos de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. También el libreto de las FARC 1.0, cuando dominaban muchas regiones de Colombia. Es decir, el atentado y el terrorismo serían un mensaje a las instituciones y los candidatos presidenciales, del tenor: “Tendrán que negociar, o de lo contrario, aténganse a un país que, como Petro, no podrán gobernar.”

Otras hipótesis que circulan apuntan a un intento de homicidio motivado por el Estado, o precisamente lo contrario, motivado por fuerzas oscuras de la derecha para acorralar al gobierno de Petro y provocar venganza e ira contra el Gobierno. Esas son hipótesis paranoicas.

Líderes de la oposición y analistas señalan la supuesta intención de Petro de crear una crisis institucional para mantenerse en el poder. Esto parece descabellado, ya que políticamente debilita más que refuerza al Gobierno de Petro.

Desde la izquierda, se teme precisamente lo contrario: que se trate de un intento de la derecha de derrocar a Petro. De nuevo, descabellado, ya que acontecimientos tan terribles como este nunca han tenido semejante impacto en Colombia.

Como en el pasado, lo más probable es que nunca lo sepamos. Sin embargo, como en el pasado, el umbral del dolor de los colombianos se ha puesto a prueba una y otra vez, y prevalecerá de nuevo la determinación de la gente por salir adelante.

¿Podría esto llevar a posponer las elecciones de 2026? Es otro temor. No lo considero razonable. Las instituciones legales colombianas están bien establecidas y forzarán la celebración de elecciones. Petro difícilmente podría contemplar permanecer en el cargo después del 7 de agosto de 2026.

¿Qué esperar del futuro inmediato? En discursos recientes, Petro le ha echado leña al fuego de la polarización política, socavando al Congreso y a su presidente, el conservador Efraín Cepeda. Inclusive invocó el malhadado llamado a Guerra a Muerte, de Simón Bolívar, un cruel y cínico fuetazo a un país que no necesita de eso para empezar a producir muertos.

¿Afecta esto la aprobación de las reformas laboral en el Congreso y pensional en las altas cortes? Todo es posible. La incertidumbre, ya presente en muchos de los principales campos de batalla políticos de Colombia, es ahora más severa. El país, sus instituciones y sus líderes están ante una prueba extrema, y su comportamiento y el de sus partidarios es difícil de predecir. Colombia se ha vuelto más difícil de gobernar.

Uno no sale a un viaje largo con la familia, si la manejabilidad del auto es muy baja. Tampoco se debe hacer aventuras con 52 millones de personas si la gobernabilidad del Estado es muy baja. La prioridad de Petro debe ser recuperar la gobernabilidad. En lugar de eso, se pone a pensar en una nueva constitución durante el siguiente Gobierno.