Colombia crea nuevas zonas para proteger sus corales del Caribe

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Colombia acaba de dar un paso más para conservar sus arrecifes de coral, unos de los ecosistemas más vulnerables a nivel mundial. En Niza, Francia, durante la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebra esta semana, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) anunció la creación de la nueva área protegida marina de Serranilla y Bajo Nuevo, que abarca 3.800 kilómetros cuadrados y se ubica sobre el mar Caribe.

“Esta nueva reserva fortalecerá nuestra capacidad para proteger la biodiversidad del territorio frente a la presión pesquera y preservarlo como área protegida para nuestra comunidad étnica raizal y para el beneficio de todos”, dijo durante la conferencia, en la que participan más de 60 jefes de Estado, Quincy Alberto Bowie Gordon, director de Coralina.

Aunque las áreas de Serranilla y Bajo Nuevo hacen parte de la Reserva de la Biosfera Seaflower, declarada como tal en el año 2000 por la Unesco, habían sido dejadas de lado al clasificar esta zona como área protegida a nivel nacional en 2014. La nueva decisión, entonces, las cobija bajo una figura de preservación oficial tras un trabajo de investigación y participación que tomó más de cinco años. “Fue una solicitud que vino de la comunidad raizal de las islas de San Andrés y Providencia”, cuenta Nacor Bolaños Cubillos, coordinador de Áreas Protegidas de Coralina a América Futura.

En 2022, junto a la organización Pristine Seas, los funcionarios hicieron una serie de inmersiones que confirmaron la riqueza que habita en esos ecosistemas. Según documentaron, Serranilla y Bajo Nuevo albergan más de 150 especies de peces, 40 de corales, 25 de esponjas, 64 de algas, 11 de moluscos y 17 aves marinas. Además, vieron varios tiburones, incluyendo cuatro especies en peligro de extinción, como el gran tiburón martillo.

Un año después, agrega Bolaños, se hizo la consulta previa con la comunidad. Y aunque el anuncio ya se dio en instancias nacionales, faltan unas fases para que la declaratoria sea una realidad. El documento que tiene el soporte científico y social de por qué proteger el área aún se está formulando. Después, lo debe evaluar y aprobar el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar). Tras eso, explica el biólogo marino, el consejo directivo de Coralina puede firmar oficialmente la declaratoria.

Más allá de una resolución, los retos de garantizar que un área sea efectivamente vigilada y preservada son enormes. Colombia, a pesar de venir ampliando drásticamente sus áreas marinas y terrestres protegidas en los últimos diez años, no ha incrementado el presupuesto destinado al Ministerio de Ambiente o las entidades que maneja esas zonas. “Los recursos disponibles al momento son insuficientes”, dice Bolaños. “Sin embargo, acá en Niza, uno de nuestros financiadores anunció el punto de partida para nuestro fondo patrimonial de la Reserva de Biosfera Seaflower, con un aporte inicial de 2 millones de dólares”. También explica que, a través de la participación con la comunidad raizal, se debe crear un plan de manejo para la Serranilla y Bajo Nuevo.

Colombia, durante el Gobierno de Iván Duque, se adelantó al compromiso global que acordaron los países de proteger el 30% del territorio marino y continental para 2030. Por lo menos en el papel. En 2022, Duque confirmó que se había logrado proteger el 37% del primero, y el 31% del segundo. Esto significaba que, en solo sus cuatro años de mandato, Colombia había pasado de tener 31,4 millones de hectáreas protegidas, a 70,3 millones de hectáreas, prácticamente duplicándolas. Y aunque son noticias celebradas en foros internacionales y vienen de un trabajo arduo y colectivo de comunidades locales, organizaciones y científicos, su incremento en tiempo récord no ha significado lo mismo en cuanto a los recursos económicos que se les destina.